Podemos condenado a devolver el sueldo completo a la empleada que denunció el ‘caso Neurona’

El Juzgado de lo Social Número 1 de Granollers (Barcelona) ha condenado a Podemos a indemnizar a su ex responsable de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona por reducirle la jornada laboral a la mitad. Esta letrada junto a Jose Manuel Calvente denunció una serie de irregularidades que investiga el Juzgado Número 42 de Madrid en el llamado caso Neurona.

Esta abogada empezó a trabajar para Podemos Cataluña en abril de 2016 con un contrato temporal y a tiempo parcial que posteriormente se transformó en uno indefinido a tiempo completo. Esto se debió a que fue ascendida a jefa de compliance del partido de Pablo Iglesias a nivel nacional. Al ser cesada de este cargo, en diciembre de 2019, el partido le comunicó que le reducía la jornada laboral a la mitad.

La jueza ha declarado «nula» ese degradación laboral, «con las consecuencias legales inherentes, esto es, con la obligación de la empresa de reponer a la trabajadora en sus anteriores condiciones de trabajo consistentes en una jornada de 40 horas semanales y con las funciones propias de su categoría profesional de asesora jurídica».

La magistrada también ha admitido la indemnización reclamada por Carmona por este aspecto, «consistente en las diferencias salariales como perjuicio económico producido a la trabajadora desde la fecha de efectividad de la modificación (el 27 de diciembre de 2019) a razón de 36,72 euros al día», si bien ha indicado que la cantidad total deberá fijarse al ejecutarse la sentencia, ya que la ex abogada está de baja laboral desde el día 9 de ese mes.

Sentencia

La ex abogada de Podemos criticaba que tanto su cese como el de Calvente fueron una represalia por las investigaciones que ambos realizaban sobre presuntas irregularidades. Es decir los contratos suscritos con las consultoras políticas Neurona Comunidad SL, que destapó OKDIARIO, y otras empresas de cara a la campaña electoral de 2019. También se llevaron ante la Justicia presuntas irregularidades en las obras de la nueva sede del partido, la caja B (caja de solidaridad) o los sobresueldos.

En todo caso, la magistrada Carmen Briones, «no se ofrece indicio alguno (…) que permita afirmar que la actuación del empleador (Podemos) de modificar la jornada de trabajo de la actora (Carmona) obedece a una represalia por el ejercicio o cumplimiento de sus funciones», según su sentencia del pasado 12 de marzo, que recoge Europa Press.

La juez Briones ha aclarado que la ex responsable de Cumplimiento Normativo únicamente alertó a los órganos del partido (la Secretaría General, la Secretaría de Coordinación, la Gerencia y el Consejo Ciudadano) sobre las supuestas irregularidades después del 2 de diciembre de 2019. Fue entonces cuando se enteró de que se proponía su cese ante un «nuevo escenario» en el que Podemos esgrimió que precisaba de «personas que cuenten con la máxima confianza de la organización a nivel profesional».

Carmona pedía 75.000 euros en concepto de reparación de daños morales pero la Justicia ha rechazado sus pretensiones en este punto. Denunciaba una posible vulneración de derechos fundamentales: la garantía de indemnidad, que blinda a quien ejerce la acción judicial. «No se desprende de la prueba practicada que la demandante ejercitara derecho alguno ni preparatorio de acciones judiciales ni reclamación alguna, ni propia ni en beneficio del partido», de modo que «los hechos acreditados y constatados no tienen encaje, por lo demás, en la garantía de indemnidad», ha dictado Briones.

«Cambio ilícito»

De todas formas, en cambio, la titular de este Juzgado de lo Social de Granollers sí admite la parte de la demanda de Carmona en la que denuncia un cambio sustancial en las condiciones de trabajo, por pasar de una jornada de 40 horas a una de 20 tras su destitución.

Briones señala que «la medida adoptada por la empresa ‘contra legem’ es ilícita al suponer la conversión o la novación de un contrato a tiempo completo en un contrato a tiempo parcial, que no puede operar sin consentimiento de la trabajadora».

A este respecto, según Podemos, la jornada laboral se le redujo cuando fue cesada como jefa de cumplimiento legal porque se le aumentó para ese puesto, pero «dicha alegación no es del todo cierta –aclara la jueza–, por cuanto a la actora se la nombra como responsable de Cumplimiento Normativo en marzo de 2017 y no es hasta el mes de mayo cuando se le amplía la jornada laboral». Es decir, tres meses después.

Se trata de un importante varapalo para Podemos. Por su parte, Calvente también llevó a los tribunales de lo laboral su despido. En ese juicio, Podemos admitió que el despido fue improcedente y que no existió un supuesto acoso laboral  y sexual a la abogada Marta Flor Núñez, por ello el Juzgado de lo Social número 10 de Barcelona condenó al partido a indemnizar al letrado.